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COVID 19 | Derecho de la Competencia y Protección al Consumidor | 03 de abril

3 de abril 2020

COVID 19 | Derecho de la Competencia y Protección al Consumidor | 03 de abril

Seguimiento y eventual control sobre los precios de los productos de primera necesidad

El Gobierno Nacional expidió el Decreto No. 507 del 1 de abril de 2020, por el cual adoptó medidas para favorecer el acceso de los hogares más vulnerables a los productos de la canasta básica, medicamentos y dispositivos médicos, en el marco de la Emergencia Económica, Social y Ecológica decretada.

De acuerdo con lo anterior, el Gobierno Nacional consideró que la medida de aislamiento social preventivo conlleva a que los hogares colombianos adquieran en mayor cantidad productos de primera necesidad y, como consecuencia del incremento de la demanda, los precios de dichos productos también aumenten. En este contexto, el Gobierno Nacional determinó que existen riesgos de eventuales conductas de acaparamiento por parte de los consumidores, y de especulación por parte de productores, distribuidores o comercializadores de los diferentes productos de consumo diario de las familias colombianas.

Así las cosas, el Gobierno Nacional decidió adoptar medidas extraordinarias con el fin de evitar que se generen precios significativamente altos para los productos de primera necesidad para garantizar el bienestar de los consumidores colombianos.

El Gobierno Nacional decretó que el Ministerio de Salud y Protección Social, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural deberán fijar un listado de productos de primera necesidad para cada uno de los sectores en los que son competentes.

Una vez se hayan establecido los listados de productos de primera necesidad, será deber del Departamento Administrativo Nacional de Estadística –DANE– realizar un seguimiento de los precios de los productos de primera necesidad e identificar variaciones significativas y atípicas en los precios de dichos productos en función de su comportamiento histórico.

En caso de identificar variaciones significativas y atípicas en los precios de los productos, el DANE deberá entregar un reporte a la Superintendencia de Industria y Comercio –SIC–, la cual se encargará de realizar todas las acciones de inspección, vigilancia y control sobre los productos de primera necesidad y sus insumos. Los gobernadores y alcaldes del país también deberán apoyar la función de inspección, vigilancia y control de la SIC mediante el envío de reportes sobre las variaciones significativas y atípicas en los precios de los productos.

Conforme a lo anterior, la SIC reportará todos los hallazgos pertinentes derivados de las acciones adelantadas al Ministerio de Salud y Protección Social, al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, con el objeto de que éstos adopten medidas para prevenir las conductas de especulación, acaparamiento y usura sobre los productos de primera necesidad previamente definidos.

En caso de considerarlo necesario, dichos Ministerios tendrán la facultad de fijar una política de precios sobre los productos de primera necesidad, imponiendo regímenes de control directo de precios, de libertad regulada o de libertad vigilada, en virtud de los artículos 60 y 61 de la Ley 81 de 1988. Asimismo, el Gobierno Nacional facultó a la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos a fijar precios máximos de venta al público para aquellos medicamentos y dispositivos médicos que sean considerados de primera necesidad.

 

Superintendencia de Industria y Comercio exhorta a las alcaldías distritales y municipales a velar por los derechos de los consumidores

La Superintendencia de Industria y Comercio (“SIC”) expidió la Circular Externa No. 004 del 31 de marzo de 2020, por la cual pretende atender la emergencia sanitaria y el Estado de Emergencia Económico, Social y Ecológico decretado por el Gobierno Nacional para contrarrestar las consecuencias derivadas del COVID-19 en Colombia.

Por medio de la Circular 004 de 2020, la SIC exhortó a todas las alcaldías distritales y municipales que cuentan con funciones de inspección, vigilancia y control en materia de protección al consumidor a adelantar acciones de inspección y vigilancia respecto de la actividad desplegada por los productores y proveedores. De igual manera, exhortó a las alcaldías a trabajar de manera articulada con la SIC, como autoridad nacional para la protección del consumidor. Todo lo anterior, en aras de salvaguardar los derechos de los consumidores.

En este sentido, al evidenciarse que la pandemia ocasionada por el COVID-19 ha desatado compras de pánico, inusuales y excesivas por parte de los consumidores, así como el comportamiento inescrupuloso e ilegal de algunos productores o comercializadores de bienes y servicios, la SIC instó e instruyó a las alcaldías distritales y municipales a adelantar las acciones necesarias para identificar posibles conductas que atentan contra los derechos de los consumidores, tales como el acaparamiento, las ventas atadas y la publicidad e información engañosa.

Así las cosas, la autoridad nacional para la protección del consumidor señaló lo siguiente sobre cada conducta:

  • Acaparamiento: Es la conducta tendiente a la sustracción o retención de productos de alta demanda con la finalidad de desabastecer el mercado o presionar el alza de precios. La SIC enunció como ejemplo de productos de alta demanda los alimentos, bebidas, bienes de primera necesidad, productos farmacéuticos, productos y dispositivos médicos, ópticas, productos ortopédicos, productos de aseo e higiene, alimentos y medicamentos para mascotas y terminales que permitan el acceso a las telecomunicaciones (teléfonos, computadores, tabletas, televisores).
  • Ventas Atadas: Es la conducta tendiente a condicionar la adquisición de un producto relacionado con la prevención o tratamiento del COVID-19 o de productos de alta demanda a la adquisición de otros.
  • Publicidad e Información Engañosa: En el marco de la emergencia sanitaria, se considerará publicidad engañosa todo mensaje comercial en el que se atribuyan bondades que no corresponden con la realidad sobre productos asociados al COVID-19.

Asimismo, la SIC explicó que cualquier proveedor o productor que comercialice productos de manera presencial o por comercio electrónico, tiene la obligación de brindar información veraz, suficiente, precisa, idónea, clara y oportuna a los consumidores, en especial sobre la disponibilidad de los productos y sus precios e, incluso, si hay un máximo de productos que puede adquirir un mismo consumidor.

 

Para asuntos legales relacionados con el coronavirus, por favor comuniquese con Jorge de los Ríos al correo jorge.delosrios@phrlegal.com

Nota: Esta publicación y su contenido son de caracter informativo. No constituye asesoría legal ni representa la posición de la firma Posse Herrera Ruiz frente a los temas aquí tratados.